Desde la antigua Grecia, ante la pregunta filosófica: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? La respuesta: cuando las leyes son buenas benefician a la comunidad, siempre y cuando los hombres las respeten y las apliquen. Ante la evidente falta de respeto a las normas, la respuesta era contar con hombres buenos (éticos), puesto que estos, además de actuar correctamente, respetaban la ley.
Es difícil alcanzar el buen gobierno de un país si no se poseen valores éticos por parte de sus funcionarios. Para tener resultados positivos en la política de un gobierno y en la gestión pública, se requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado valores que abarquen la satisfacción de la pluralidad de los intereses comunes de una sociedad.
Es así que, en la Constitución de la República del Ecuador entre los valores éticos que consagra, en su Artículo 83 numerales 7 y 11, indican:
“Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir.”
“Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.”
En estos últimos días, Ecuador se ha visto empañado por acciones de Ministros que van en contra de los valores éticos y de las normas consagradas en nuestro ordenamiento jurídico.
Además de los principios citados en la Constitución, la norma penal establece una clara sanción para los funcionarios públicos que vulneren estos principios y que abusen de su cargo con la finalidad de su beneficio personal o de terceros.
“Art. 285.- Tráfico de influencias.- Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”
Se vuelve imperioso contar con funcionarios públicos éticos, puesto que es un elemento necesario de las acciones humanas. Cuando los funcionarios públicos responden a una filosofía de estas, se autocontrolan al ser responsables de su conducta y de cada uno de sus actos. De esta manera, la ética es el mejor instrumento de autocontrol mediante el uso correcto de la razón, a partir de la idea de servicio colectivo, elemento importante en los servidores públicos ya que como señala Adela Cortina “El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni siquiera de su deseo de ser malo o bueno sino que exige un profundo autocontrol”.
En conclusión, la falta de ética y en consecuencia el irrespeto al ordenamiento jurídico o la aplicación de mañas para caminar por la delgada línea de lo incorrecto pero legal, nos lleva a la desconfianza en el sector público y mas aun en nuestros mandantes y representantes. En general, hay desconfianza porque se pierde la credibilidad. Cuando la verdad es manipulada, cuando se promete y no se cumple, cuando existen necesidades que nunca son satisfechas, el ciudadano deja de confiar.
Ante las situaciones de incertidumbre, no bastan las reglas, es necesaria una ética pública que cuente con los principios de justicia y de solidaridad universal.[1]
La información aquí publicada no constituye consejo ni asesoría legal puntual, siendo su función meramente informativa
[1] Fotografía: Imagen de Peggy und Marco Lachmann-Anke en Pixabay
