La enseñanza y la práctica del Derecho en el ámbito minero han evolucionado frente a las exigencias de una industria altamente técnica, regulada y sensible al entorno social y ambiental. En Iberoamérica, esta transformación demanda juristas especializados que comprendan tanto la complejidad normativa como los impactos económicos, ambientales y comunitarios que caracterizan a la minería moderna. La formación jurídica ya no puede limitarse a un enfoque teórico o administrativo; debe integrar conocimiento técnico, gestión de riesgos y responsabilidad social.
El abogado que interviene en el sector minero, especialmente desde la esfera corporativa, cumple un papel estratégico a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. En la etapa inicial, lidera procesos de debida diligencia que combinan la evaluación legal con la comprensión del contexto social, fiscal y ambiental, sentando las bases para estructuras societarias y contractuales sólidas. Durante la ejecución, se convierte en un gestor del cumplimiento regulatorio y un puente entre las áreas técnicas, financieras y legales, asegurando que la operación se mantenga dentro del marco normativo sin afectar su viabilidad económica.
Asimismo, el abogado minero debe dominar el lenguaje financiero del proyecto. Entender la relación entre CAPEX y OPEX, así como el funcionamiento del project finance, es indispensable para anticipar riesgos contractuales y garantizar que las obligaciones jurídicas se alineen con la realidad económica de la empresa. Esta comprensión le permite tomar decisiones que no sólo resguardan la legalidad, sino que también optimizan los recursos y fortalecen la sostenibilidad de las inversiones.
En la fase de cierre o post operación, su rol adquiere una visión integral que articula el derecho ambiental, corporativo y constitucional. Debe velar por el cumplimiento de las obligaciones postoperatorias, la correcta disolución de permisos y la gestión de contingencias legales o reputacionales. Es en esta etapa donde se refleja la importancia de haber estructurado el proyecto bajo principios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social desde su origen.
En definitiva, el nuevo abogado minero iberoamericano no es un actor reactivo, sino un estratega integral del equilibrio entre inversión, cumplimiento y sostenibilidad. Su capacidad para comprender la interdependencia entre los factores jurídicos, técnicos y financieros le permite aportar soluciones efectivas y éticas en una industria que exige tanto conocimiento especializado como sensibilidad frente al entorno. Solo así la minería podrá consolidarse como motor de desarrollo sostenible y legítimo en la región.
La información aquí publicada no supone ningún consejo o asesoría legal particular, siendo su función meramente informativa.
Paola Bermúdez Roldán
Socia
