La última pandemia que sufrió la humanidad fue hace cien años. Muchas cosas han cambiado desde ese entonces hasta la fecha. Una de ellas es que ahora es posible un mayor confinamiento sin detener la productividad y el comercio a nivel mundial, todo esto gracias a las telecomunicaciones.
Ecuador no escapa a este fenómeno global y actualmente se encuentra en el puesto ochenta y cinco (85) del grupo de los países con ingresos medios altos, según Network Readiness Index. Esto, aunado a que, según el INEC, al 2018 el analfabetismo bordeaba el 10% de la población, lo cual ha venido siendo superado por el rol de las telecomunicaciones en nuestras vidas diarias. De ahí que, el sector de las telecomunicaciones no solo es un sector importante para el desarrollo de la población, sino que representa un importante rubro dentro de la economía nacional.
Las empresas privadas de telecomunicaciones han sido las unidades económicamente productivas necesarias para haber podido alcanzar el mencionado desarrollo y operatividad del sector. Es decir, la inversión privada es fuerte en este sector. Sin embargo, la empresa no es solamente sinónimo de inversión y réditos, sino que es un complejo sistema de planificación, estratégica y trabajo que busca obtener réditos del mercado a través de la satisfacción de necesidades de los clientes. Así pues, la sostenibilidad de una empresa en el tiempo solo se logra con un plan de reinversiones ya sea para ampliar las líneas de negocios o para meramente ampliar el acaparamiento del mercado, es decir, la satisfacción de más necesidades.
No obstante, en sectores tan importantes como este, el marco jurídico juega un rol importante. Actualmente, con el Proyecto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, el flujo económico de este sector se ve trastocado. Puntualmente porque esta Ley plantea dos medidas que repercutirán en las inversiones de este sector, a saber: a) el congelamiento de tarifas; y b) la suspensión del corte de los servicios.
Respecto al primero, el congelamiento acarrearía una restricción a la diversificación de planes de servicios; esto es, contar con mayor oferta de servicios en el mercado, por lo tanto, se estancará el mercado como tal. Respecto al segundo, si es verdad no se está dando servicio gratuito, el diferimiento del pago por el servicio recibido disminuye el flujo de activos de las compañías, obviamente degenerando en el diferimiento de cumplimiento de obligaciones y de planes de inversión, lo cual haría que se estanque también el mercado. Es necesario recordar que el dinero tiene un valor en el tiempo, no es lo mismo recibir dinero para pagar obligaciones hoy que no tener dinero y pagar mañana las mismas obligaciones, pero con sus frutos legales, intereses. Todo esto reduce la posibilidad de innovar.
Una empresa de telecomunicaciones, como cualquier otra empresa, requiere de capital humano para el desarrollo de sus actividades. El negocio empresarial requiere de flujo de ingresos para solventar sus obligaciones, una de ellas el pago de sueldos y salarios. No obstante, esta pandemia y el marco jurídico actual dejarán en una situación de reducción de liquidez a estas empresas que están obligadas según medidas regulatorias “emergentes” a dar servicios sin recibir dinero a cambio por el momento. A modo de ejemplo, los gastos de estas empresas se financian con ingresos de estas empresas; si las empresas no tienen ingresos cómo pagarán sus obligaciones legales mensuales generadas, es decir ¿Cómo pagarán sueldos y salarios a ese capital humano que ha tenido que dejar sus casas, su confinamiento, sus familias, para continuar y preservar sus trabajos ante esta recesión, donde mantener un trabajo es apremiante? ¿Cómo se mantendrá el flujo circulante que estos trabajadores generan en los mercados que interactúan?
Sin duda, prestar un servicio público acarrea riesgos, pero es una situación perfectamente mitigable con un marco jurídico serio que evalúe no solo el pan de hoy y el hambre de mañana, sino que sitúe realmente las repercusiones económicas de las medidas jurídicas. Por eso, no es momento para tomar acciones aparentes sino de evaluar los escenarios económicos que permitan manejar los golpes de esta crisis.[1]
La información aquí publicada no supone ningún consejo o asesoría legal particular, siendo su función meramente informativa.
Carlos Becilla Peñafiel
Asociado
[1] Fotografría: <a href=»https://www.freepik.es/fotos/ordenador»>Foto de Ordenador creado por senivpetro – www.freepik.es</a>
